Ley de Rescate: quién pone los $40 billones del ajuste y qué cambiaría en tu bolsillo

Contratos de prestación de servicios. Los recursos para OPS (órdenes o contratos de prestación de servicios: personas que trabajan para el Estado por contrato, sin ser empleados de planta) se reducirían a la mitad en 2027; desde entonces solo podrían crecer con la inflación (El Tiempo, La FM, Blu Radio). El recorte es sobre el gasto total en esos contratos, no una regla para cada contrato individual.

Gasto de personal. Según el texto citado por El Tiempo y La FM, los gastos de personal del PGN «deberán decrecer en términos nominales en un 20%» en 2028, sin incluir a la Fuerza Pública. En 2029 y 2030 solo podrían crecer, como máximo, la inflación más 0,5 puntos porcentuales. La medida aplica sobre el total de la nómina, no sobre cada salario. «Nominal» significa en pesos corrientes, sin descontar la inflación.

Compras públicas. Entre 2027 y 2030 solo podrían aumentar al ritmo de la inflación (El Tiempo, El Espectador).

Transferencias. Se podrían restringir determinadas transferencias ordenadas por ley si no tienen concepto favorable del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal, órgano del Gobierno que fija las metas de caja y gasto), respetando el gasto que exige la Constitución. El Gobierno anunció la revisión de más de 250 transferencias y 50 fondos (El Tiempo). La FM reporta que rubros como educación básica, agua potable, pensiones, universidades públicas y el cumplimiento de sentencias judiciales conservarían protecciones específicas.

Rediseño del Estado. El proyecto pide facultades extraordinarias (permiso temporal del Congreso para que el presidente expida decretos con fuerza de ley) por seis meses para «suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos», además de superintendencias y agencias, entre otras entidades (El Tiempo, Blu Radio). La FM recoge que la propuesta contempla disminuir en 15% el tamaño del Estado.

Fin de la tarifa del 5%. Desde 2028 desaparecería la tarifa reducida del 5% del IVA (impuesto al valor agregado, el que se paga al comprar bienes y servicios; su tarifa general es 19%) y se modificarían las listas de bienes excluidos (no causan IVA) y exentos (se gravan al 0% y el vendedor puede pedir devolución del IVA que pagó en sus insumos) (El Tiempo). El ABC oficial del Gobierno señala que «la ley grava con IVA productos que hoy no lo pagan» (La FM). La lista definitiva de productos afectados y su nueva tarifa aún debe verificarse en el texto oficial: La FM advirtió que no pudo acreditar en el articulado la tarifa de productos específicos mencionados en declaraciones.

Lo que seguiría sin IVA. Alimentos esenciales listados expresamente (como arroz, papa, huevos, algunas carnes, leche y pan), medicamentos, servicios de salud, educación, arriendo de vivienda, determinados servicios públicos y transporte público; el ACPM conserva exclusiones específicas (El Tiempo, La FM).

EfectIVA, la devolución. Como compensación, el proyecto crea EfectIVA, un sistema de devolución del IVA a hogares de menores ingresos, desde el 1 de enero de 2028 y con un giro anticipado a más tardar el 20 de diciembre de 2027 (El Tiempo, El Espectador). Devolvería el 100% del IVA a personas en pobreza extrema, pobreza y el tramo de menores ingresos de la población vulnerable, y el 50%, 40% o 30% a los demás tramos de vulnerables, con un tope de 5,5 UVT (unidad de valor tributario, una medida que fija cada año la autoridad tributaria para expresar montos de impuestos; su valor en pesos cambia anualmente) al mes por persona.

Cómo se pagaría. Quienes tengan una cuenta o depósito recibirían abonos «por periodos de hasta quince días»; quienes no, giros en efectivo mensuales o bimestrales (El Tiempo). La devolución se calcula sobre compras soportadas con factura electrónica.

Cuánto y a cuántos. Según el ABC oficial citado por La FM, el beneficio promedio sería de $213.000 mensuales por hogar, con un máximo de $288.000, para hogares con ingresos de hasta $3,4 millones. En otra comunicación, el Ministerio de Hacienda citó un promedio de $231.000. El Gobierno calcula que 19 millones de personas tendrían devolución total y unos 16,3 a 16,5 millones, parcial.

Impuesto de renta. Se crearía un primer tramo con tarifa del 9% sobre la parte de la base gravable (el ingreso sobre el que se calcula el impuesto, después de restar lo que la ley permite) que supere 720 UVT al año (El Tiempo). Se limitarían beneficios laborales y deducciones, y se eliminaría la deducción adicional por dependientes. El tope exacto de la nueva renta exenta laboral no ha sido precisado en las fuentes consultadas.

El 39% no es sobre todo el ingreso. La tarifa más alta, del 39%, es marginal (se aplica solo al excedente que supere un umbral, no al total): se cobra sobre lo que exceda 8.670 UVT, «sumado al impuesto de los rangos anteriores», según El Tiempo.

Aporte a salud del trabajador. Desde 2027 la cotización del asalariado sería de 4% hasta 2 SMMLV (salarios mínimos mensuales legales vigentes), 5,5% entre 2 y 4 salarios mínimos, y subiría por escalones hasta 8% en los ingresos más altos (El Tiempo). La FM lo describe como un cambio para quienes ganan más de $3,5 millones. Para los trabajadores independientes, la cotización pasaría de 12,5% a 15,5%.

Renta de sociedades. La tarifa general bajaría de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028 (El Tiempo, La FM).

Aportes por empleados. El proyecto conservaría la exoneración de aportes a salud y parafiscales (contribuciones sobre la nómina que financian entidades como el SENA y el ICBF) solo por trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos; entre 2 y 3, la empresa pagaría aportes parciales, y por encima de 3 no habría exoneración (El Tiempo). Hay excepciones para personas naturales empleadoras. La FM indica que la tarifa máxima para las compañías en salud sería del 8,5%.

Sector financiero. La sobretasa (puntos adicionales de renta que pagan ciertos sectores) de 5 puntos para entidades financieras se prorrogaría hasta 2030 (El Tiempo).

Plásticos. Se eliminaría el impuesto a los plásticos de un solo uso (El Tiempo).

RUGE. Nace un régimen para grandes inversiones nuevas con 16 años de estabilidad tributaria, depreciación acelerada (permite descontar más rápido el desgaste de maquinaria y equipos, lo que reduce el impuesto en los primeros años), beneficios en dividendos y exención del impuesto al patrimonio. La tarifa de renta sería de 20% para proyectos que inicien en 2027 o 2028 y de 26% desde 2029. Exige compromisos de inversión y de compras nacionales (El Tiempo, La FM, Blu Radio).

Licores. El IVA pasaría de 5% a 19%; ese recaudo estaría cedido a los departamentos para salud (El Tiempo, El Nuevo Siglo).

Cerveza. Cambia a un esquema mixto: un componente específico (monto fijo en pesos por unidad) de $330 por cada grado de alcohol en una presentación de 330 mililitros, más un componente ad valorem (porcentaje sobre el precio) del 10% (La FM, El Nuevo Siglo).

Cigarrillos y vapeo. El componente específico sería de $7.823 por cajetilla de 20 unidades en 2027 y de $11.200 desde 2028. Los líquidos de vapeo pagarían $1.000 por mililitro en 2027 y $2.000 desde 2028, además de componentes porcentuales (La FM, El Nuevo Siglo). Estos montos son el impuesto, no el precio final al público.

Bebidas. Desde 2028 habría un impuesto a bebidas ultraprocesadas con azúcar añadido o edulcorantes, de $45 o $76 por cada 100 mililitros según el caso (Semana).

Compras y apuestas en línea. Las compras en plataformas internacionales pagarían IVA sin importar el monto, incluidas las de menos de 200 dólares, que hoy no lo pagan; también se aplicaría IVA a los juegos de azar en línea (La FM, El Nuevo Siglo).

El impuesto al patrimonio (se cobra sobre el valor de los bienes de una persona, menos sus deudas, por encima de un umbral) empezaría a cobrarse desde 95.500 UVT, frente a 72.000 UVT hoy, con tarifas de 0%, 0,5% y 1%, y quedaría limitado a los años 2027 a 2030 (El Tiempo, La FM).

Según el vicepresidente Restrepo, el 30% del ajuste «lo ponen quienes más tienen». El Gobierno sostiene que la mayor parte de ese componente tributario recaería en el 10% de mayores ingresos, aunque la proporción ha variado entre comunicaciones oficiales (94% según El Heraldo; 97% según El Tiempo).

La regla fiscal (norma que limita cuánto puede endeudarse y gastar el Gobierno para que la deuda sea sostenible) tendría cambios (La República):

• Cada Gobierno fijaría metas mínimas vinculantes de balance primario neto estructural (ingresos menos gastos, sin contar intereses de la deuda y descontando efectos del ciclo económico y de rentas extraordinarias), por decreto, antes del 15 de diciembre de su primer año. El actual tendría plazo hasta el 31 de marzo de 2027.
• Se crearía una cuenta de control que registra las desviaciones frente a la meta y obliga a corregirlas (Blu Radio, El Tiempo).
• Desde una deuda neta del 63% del PIB habría límites al crecimiento del gasto, con recortes si el presupuesto los supera (El Tiempo).
• Se mantendrían el límite de deuda del 71% del PIB y el ancla de 55%; por encima del 71%, el Gobierno debería presentar medidas de ajuste estructural (La República).