La plata del terremoto: lo que dicen (y lo que callan) las cuentas de la fundación de la primera dama

Dos meses después del sismo de magnitud 7,4 que golpeó el suroccidente colombiano, en redes sociales circula una pregunta incómoda, pero que merece una respuesta clara: ¿dónde está la plata que los colombianos le dieron a la fundación de la primera dama? Este medio revisó la entrevista que Ana Lucía Pineda le concedió a Vanessa de la Torre, el informe de gestión de 25 páginas que su Fundación Colombia Luz y Sonrisas publicó el 16 de octubre, los pronunciamientos de la DIAN, la Contraloría y la Procuraduría, las verificaciones de datos y los reportes de prensa desde los territorios. Este es el balance de lo que dicen los documentos, de lo que omiten y de lo que representa esa cifra frente a la magnitud de la tragedia.

La entrevista: «los reservamos para la reconstrucción»

El 16 de octubre, Vanessa de la Torre conversó en La FM con la primera dama. Noticias RCN publicó la transcripción ese mismo día y la presentó como su primera entrevista con un medio nacional desde que Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia. Pineda habló de sus hijos, de la Semana de la Moda en París y de las críticas, pero el eje de la conversación fue el dinero.

Contó que su fundación «tenía apenas unas semanas cuando el terremoto llegó» y que la puso a disposición de quienes querían ayudar: «Muchos amigos me decían primera dama. ¿Dónde consigno?». A continuación explicó por qué, dos meses después, la mayor parte del dinero sigue en el banco:

Tomé la decisión, tuve la iniciativa junto a mi junta directiva de decidir que todos los recursos que recibimos durante la campaña no fueran utilizados durante la primera fase de ayudas humanitarias, sino que los reserváramos para esta segunda fase, que es la fase de reconstrucción.

Sobre los señalamientos, declaró: «Me han utilizado como instrumento, los opositores del gobierno de mi esposo, como instrumento para atacarme y además para ganar likes». En el mismo diálogo, recogido por El Colombiano, añadió que «esto no es un ministerio y no estoy obligada tampoco a que tenga que mostrar obligatoriamente qué es lo que hago, porque las fundaciones le rinden cuentas a su junta directiva. Pero no tengo nada que ocultar».

En la entrevista no se dio a conocer el monto. Como señaló la propia La FM, no se precisó el total de donaciones en dinero, el saldo disponible ni el presupuesto por vivienda. Esas cifras se conocieron horas después, en el informe de gestión.

Lo que dicen las cuentas

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas (NIT 902.085.096-3) es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Barranquilla. Según su página de transparencia, se constituyó por documento privado el 20 de marzo de 2026 y se inscribió en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 7 de julio, cuando De la Espriella ya era presidente electo. La vigila la Gobernación del Atlántico. El 13 de octubre la DIAN confirmó, en su comunicado 131, que tiene RUT vigente y pertenece al Régimen Tributario Especial, por lo que puede recibir donaciones y expedir certificados para que los donantes descuenten impuestos.

El informe de gestión, que cubre del 7 de julio al 16 de octubre de 2026, trae estos números:

Del informe se desprenden tres conclusiones. La primera es que casi todo el dinero procede de un solo donante y ya tiene destino. Irá a los colegios Eustaquio Palacios, Carlos Holguín Mallarino y Juan Pablo II, al Hospital Carlos Holmes Trujillo, a la IPS Meléndez y al Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. La fundación calcula que eso devolverá las aulas a 3.300 estudiantes y la atención a 152.000 pacientes al mes. La segunda es que con ese dinero aún no se ha construido nada. Los estudios y diseños tienen consolidación prevista para el 6 de noviembre, y el convenio con el Instituto para Niños Ciegos y Sordos sigue pendiente. La tercera, señalada por Cambio, es que los seis proyectos se estiman en $61.988 millones, unos $7.400 millones más de lo que la fundación recaudó en total, y el informe no explica de dónde saldrá la diferencia.

La fundación describe un esquema de control con comité directivo, fiducia de Credicorp, interventoría de ACI Proyectos, verificación de PwC y control jurídico de Baker McKenzie. La ejecución estará a cargo de la Fundación Solidaridad por Colombia. Sobre el papel, el esquema es sólido. Sin embargo, el propio informe aclara que la interventoría está «en proceso de formalización», y no incluye estados financieros auditados.

Las denuncias de la oposición

Las sospechas tienen antecedentes. El 24 de agosto el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico y vicepresidente del Senado, radicó un derecho de petición para saber cuánto había recibido la fundación. Al no recibir una respuesta de fondo, presentó una tutela, que admitió el Juzgado 38 de Familia de Bogotá. A comienzos de octubre ese juzgado la negó, y Ocampo anunció que impugnaría. En un debate en el Congreso, el Ministerio de Hacienda presentó las donaciones como «por cuantificar». Ese vacío de información alimentó las sospechas.

El debate se trasladó después a las redes sociales. El 29 de septiembre un trino afirmó que «el primer caso de corrupción del gobierno de Abelardo De la Espriella fue el robo de las donaciones para los damnificados del terremoto». El verificador Verídicos lo calificó como falso, al no hallar denuncia en la Fiscalía, investigación de la Contraloría o la Procuraduría ni decisión judicial que hable de robo o desvío. No obstante, advirtió que, mientras no se conocieran las cifras, no se podía «afirmar ni descartar por completo un mal uso».

El 11 de octubre el caricaturista Matador publicó un mensaje ofensivo contra la primera dama en el que preguntaba por las ayudas a los damnificados de Pereira. La Fiscalía abrió una indagación preliminar por posible injuria agravada contra él, no contra la fundación. La polémica por el insulto eclipsó la pregunta de fondo, que era legítima.

El 13 de octubre Ocampo pidió a la Contraloría y a la Procuraduría una auditoría inmediata a las donaciones. El 16, con el informe ya publicado, insistió en X: «Las cuentas de las donaciones no cuadran. ¿Dónde está la plata?». Comparó los $54.000 millones de la fundación con los cerca de $503.000 millones en donaciones que, según él, ha anunciado el Gobierno.

Mientras no se conozca cuánto dinero recibió la fundación y en qué se gastó, no se puede afirmar ni descartar por completo un mal uso. (Verídicos, 30 de septiembre de 2026)

Conviene, no obstante, precisar los datos. La comparación del senador mezcla canales distintos. La familia Santo Domingo anunció $100.000 millones, pero su comunicado dice que los coordina la Fundación Santo Domingo, no la de la primera dama. Ocampo citó además una donación de Estados Unidos por US$84 millones. El Departamento de Estado reportó, en cambio, US$26,5 millones en asistencia humanitaria, canalizada a través de CRS, la Cruz Roja, la OIM, UNICEF, el PMA y otros socios. Que el Gobierno anuncie donaciones al país no significa que pasen por la cuenta de esta fundación. Sí resulta pertinente reclamar un consolidado oficial de todas las donaciones, por todos los canales, que todavía no existe.

¿Llegaron las ayudas?

Conviene distinguir entre la ayuda en especie y el dinero.

La ayuda en especie sí se distribuyó, según la propia fundación: 5.652,2 toneladas de agua, mercados, colchonetas y kits, entregadas a más de 48.000 personas en 80 municipios de ocho departamentos, con más de 1.250 voluntarios, 30 centros de acopio y más de 100 empresas. Entre ellas aparecen Argos, Avianca, Bancolombia, Grupo Aval, Ecopetrol, Éxito, Nestlé y Postobón. Este medio no halló una verificación independiente de esas cifras. Como señaló el diario ecuatoriano El Universo, el informe no especifica qué tipo de ayuda recibieron esas personas.

El dinero, en cambio, no se ha traducido en obras, algo que la fundación reconoce: «Nosotros no hemos utilizado esos recursos porque las ayudas humanitarias fueron suficientes», dijo Pineda, según El Universo. En vivienda, lo más concreto son 35 casas nuevas y dos mejoramientos con cuatro aliados. De esas, 27 son de la Urbanización Tierra Nueva en Quibdó, que comenzó el 21 de septiembre con la Corporación Minuto de Dios y Camacol. Para ese proyecto la fundación gestionó $1.000 millones, pero el donante los giró directamente al Minuto de Dios. Con Proconcreto solo hay una manifestación de voluntad, todavía sin valor ni plazos.

En los territorios, los reclamos alcanzan a todos los niveles de la respuesta, y no solo a la fundación. El 5 de octubre la Procuraduría pidió a la UNGRD reabrir el Registro Único de Damnificados, que se cerró el 4 de septiembre. Advirtió que dejó por fuera a familias «en especial en la ruralidad dispersa y en territorios étnicos». También dijo que la distribución de auxilios «no ha sido homogénea» y que faltan ingenieros y maquinaria. La UNGRD empezó a pagar el apoyo temporal: $3.324 millones en 14 municipios de Chocó y $14.784 millones en Risaralda y Quimbaya. Sin embargo, solo pueden cobrarlo los hogares cuya casa quedó registrada como destruida o no habitable. Al 2 de octubre había 364.664 familias inscritas, 778.285 personas, con 104.049 viviendas no habitables y 19.148 destruidas.

Minuto60 contó el caso de José Luis Torres, músico con discapacidad visual y padre de dos hijos. Su casa quedó en el censo como «averiada» cuando debió quedar como no habitable, y por eso no ha recibido ningún beneficio. Ha subsistido con una vaki de unos $8 millones. En el Congreso, el representante Fernando Arias (Pacto Histórico) denunció que a Risaralda llegaron $14.000 millones para auxilios de vivienda que no se han entregado porque la UNGRD no ha definido el procedimiento.

Cronología

Reflexión: una cifra grande frente a un costo mucho mayor

Cincuenta y cuatro mil quinientos ochenta y nueve millones de pesos. Expresada así, la cifra impresiona, y eso explica en parte la indignación que domina el debate. Sin embargo, para valorarla hay que preguntarse si alcanza.

El Gobierno estima que reconstruir costará más de $30 billones: $24,5 billones en edificaciones y $5,5 billones en infraestructura. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, habló de un rango de entre $30 y $40 billones y citó un documento del Banco Mundial que lo baja a unos $19 billones. El PNUD calcula solo los daños físicos directos a estructuras en $42,1 billones, y de eso $37,4 billones son viviendas.

Frente a los $30 billones calculados por el Gobierno, lo que tiene la fundación equivale al 0,18 %. Harían falta unas 550 fundaciones como esta, con la misma recaudación, para pagar la reconstrucción. En el siguiente gráfico, cada punto representa una fundación con $54.589 millones; solo el resaltado corresponde a la fundación real.

El mismo ejercicio puede aplicarse a la vivienda. La fundación pagará kits de vivienda a $55 millones más IVA cada uno en su convenio con Argos. Solo para levantar un kit así en cada una de las 19.148 casas registradas como destruidas se necesitaría más de $1 billón, casi veinte veces todo lo que recibió la fundación. Y eso sin contar lotes, demoliciones, licencias ni las 104.049 viviendas no habitables. Se trata de un cálculo propio, de carácter ilustrativo, que permite dimensionar la escala. Además, el donante condicionó el 81 % del dinero de la fundación a seis edificios en Cali, de modo que esa parte no se destinará a vivienda.

Lo cierto es que aunque cada peso de esa fundación se ejecutara mañana, con lupa y sin un centavo perdido, la reconstrucción seguiría casi intacta por hacer. Esa plata no va a reconstruir el suroccidente. Eso le toca al Estado. Y por ahora, según advirtieron congresistas, el Presupuesto de 2027 no tiene una partida clara para el terremoto, mientras miles de damnificados siguen esperando auxilios.

Las preguntas a la primera dama son necesarias, pero la pregunta grande es para el Gobierno.

Fuentes