El Caracazo: el estallido de 1989 que dejó 276 muertos oficiales y una deuda de justicia que nadie ha saldado

La mañana del 27 de febrero de 1989, en los terminales de autobuses de Guarenas y Guatire, al este de Caracas, los pasajeros se encontraron con que el pasaje había subido. El gobierno de Carlos Andrés Pérez había aumentado el precio de la gasolina y los transportistas anticiparon el alza de las tarifas. En pocas horas, la protesta se extendió a Caracas y a otras ciudades. Lo que siguió fue el peor episodio de violencia de la democracia venezolana.

El Caracazo, como se conoce a aquel estallido, es hoy un episodio cargado de símbolos. El chavismo lo convirtió en su mito fundacional. Pero detrás del relato político hay un expediente judicial que el Estado venezolano, bajo gobiernos de signos opuestos, no ha terminado de cerrar.

Un paquete anunciado desde el primer día

Pérez asumió en febrero de 1989 su segundo mandato, con el país en crisis, y anunció un programa de ajuste negociado con el Fondo Monetario Internacional: liberación de precios, aumento de tarifas públicas y de la gasolina. La gente lo llamó «el paquetazo».

Según la reconstrucción de la organización de víctimas Cofavic, el aumento del combustible entró en vigor el 27 de febrero y el gremio del transporte había acordado subir el pasaje a partir del 1 de marzo. Algunos conductores no esperaron. Los primeros disturbios ocurrieron en las ciudades dormitorio del este, y la Policía Metropolitana, en parte en huelga, no contuvo la expansión. Hubo saqueos en Caracas, La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y otras ciudades.

La respuesta: soldados de 17 años y fusiles de guerra

El gobierno activó el Plan Ávila, que ponía a las Fuerzas Armadas a cargo del orden público. Cofavic documenta que miles de soldados, muchos de ellos reclutas de 17 y 18 años, salieron a la calle con fusiles FAL y vehículos blindados. El toque de queda iba de seis de la tarde a seis de la mañana. Buena parte de las muertes ocurrieron en esos días, en barrios populares, y no durante los saqueos del primer día.

La cifra oficial fue de 276 fallecidos. Nunca convenció a nadie. En el Cementerio General del Sur de Caracas aparecieron fosas comunes, y la más conocida, La Peste, comenzó a exhumarse a finales de 1990. La BBC Mundo recoge que, según algunas asociaciones civiles, las víctimas mortales pudieron llegar a tres mil, y que las ONG denuncian que nunca hubo una investigación exhaustiva.

“Nunca más un 27 de febrero, por eso surgió un Chávez, porque a la patria la despedazaron, la saquearon y el pueblo estaba huérfano y perseguido.

Nicolás Maduro, citado por BBC Mundo (2019)

De la tragedia al mito

El 4 de febrero de 1992, un grupo de oficiales encabezado por Hugo Chávez intentó derrocar a Pérez. Los golpistas invocaron el Caracazo como prueba de que el sistema había roto con su pueblo. Después, el 27 de febrero se volvió fecha de actos oficiales del chavismo.

La historia es menos lineal. El estallido fue un síntoma del agotamiento del modelo rentista y de la pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales, pero no tenía un liderazgo ni un programa. El historiador Tomás Straka, consultado por la BBC, admite que pudo ayudar a Chávez a llegar al poder, pero recuerda que también pesaron el descrédito del gobierno, la pobreza, el apoyo militar y el carisma del propio Chávez.

La sentencia que sigue esperando

En 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado venezolano por la muerte y desaparición de 44 personas durante los sucesos, en el caso conocido como Caso del Caracazo vs. Venezuela. En 2002 ordenó reparaciones: indemnizaciones, la búsqueda e identificación de restos y, sobre todo, una investigación efectiva para identificar, juzgar y sancionar a los responsables.

La parte económica se cumplió. La justicia, no. En su resolución de supervisión del 18 de noviembre de 2020, la Corte dejó constancia de que cinco medidas de reparación seguían pendientes, entre ellas la investigación y sanción de los responsables, y de que Venezuela había dejado de informar sobre su cumplimiento. Dicho de otro modo: el gobierno que hizo del Caracazo su bandera tampoco cumplió con las víctimas.

Ahí está la contradicción que el Caracazo sigue planteando. La memoria de una masacre se puede usar como herramienta política o como deber de justicia. Durante tres décadas, ha sido mucho más lo primero. Sobre los efectos de la crisis venezolana en la vida diaria pueden leerse en este sitio Dicen que Venezuela se arregló, el análisis ¿Sirve de algo sancionar económicamente a Venezuela? y la investigación sobre cómo enfrentar el terrorismo de Estado.