The Economist describe a Abelardo de la Espriella como un «populista de derecha» y plantea una pregunta sobre sus primeros cien días: ¿cuánto de la imagen de autoridad se traduce en capacidad para gobernar? En su análisis publicado el 9 de noviembre, el semanario británico contrapone los operativos difundidos en redes con el control territorial de los grupos armados, las restricciones fiscales y las dificultades para construir acuerdos en el Congreso.
La revista reconoce que el presidente ha empezado a ejecutar su agenda de mano dura y ajuste económico. Su reparo apunta al alcance de esas decisiones: según The Economist, la visibilidad de las capturas no basta para desarticular las economías criminales, y una reforma ambiciosa requiere apoyos que el Ejecutivo todavía debe asegurar. El artículo combina críticas al estilo presidencial con una valoración favorable de parte de su propuesta fiscal.
Seguridad: las capturas y el territorio son balances distintos
Según The Economist, De la Espriella abandonó las negociaciones con organizaciones armadas impulsadas por Gustavo Petro, intensificó bombardeos y autorizó extradiciones. El semanario presenta ese cambio junto con la difusión de redadas protagonizadas por el mandatario. Su tesis es que el giro del discurso resulta atractivo para ciudadanos cansados del crimen, pero no demuestra por sí mismo una transformación de las condiciones en los territorios.
Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz, califica de «modesto» el aumento de las operaciones, según lo cita la revista. Su diagnóstico remite a la continuidad de una fórmula centrada en capturas, muertes e incautaciones. La distinción importa: el reportaje no niega la existencia de acciones militares; cuestiona que alcancen para desmontar las redes que administran el narcotráfico y la minería ilegal.
Para ilustrarlo, The Economist relata un paro armado en Santa Marta después de la muerte de un cabecilla en septiembre. Según su narración, el presidente llegó con las fuerzas militares y ordenó sobrevuelos de aviones de combate, pero los habitantes permanecieron en sus casas. El episodio funciona en el texto como contraste entre una demostración estatal de fuerza y la capacidad criminal para condicionar la vida cotidiana.
Para una mirada adicional a la violencia reciente, puede consultarse el recuento de codiguillos.com Colombia bajo ataque: 16 atentados durante la última semana. Es una cobertura distinta del análisis del semanario y no sustituye sus fuentes.
Sometimiento y facultades antiterroristas
El reportaje describe una ley de sometimiento que ofrece beneficios penales a quienes confiesen, entreguen bienes y colaboren con las autoridades. También menciona un proyecto de estatuto antiterrorista que permitiría al Ejecutivo designar organizaciones terroristas y congelar activos de personas consideradas colaboradoras. Son instrumentos diferentes: incentivos judiciales, por un lado; mayores herramientas coercitivas, por el otro.
Elizabeth Dickinson, del International Crisis Group, resume esa combinación como «zanahoria y garrote», en declaraciones recogidas por The Economist. La publicación agrega la preocupación de organizaciones de derechos humanos por un eventual uso de esas facultades contra la sociedad civil. Es una advertencia sobre el alcance de las herramientas, atribuida por el semanario a esos sectores, no un fallo judicial sobre su aplicación.
El matiz económico: una reforma que sorprende
La revista sitúa la agenda económica en un margen fiscal estrecho: reporta una deuda pública cercana al 60 % del PIB y una proyección gubernamental de déficit del 9,4 % del PIB para 2027 si no se toman medidas. También habla de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre un programa que podría alcanzar los 20.000 millones de dólares. La cifra aparece como posibilidad de financiación, no como desembolso.
Como contexto adicional, Bloomberg Línea informó el 29 de septiembre sobre esas conversaciones y recogió escenarios planteados por economistas para un eventual acuerdo. Esa cobertura también trata el recurso al FMI como una negociación y diferencia las alternativas de crédito.
Según The Economist, la reforma presentada a finales de octubre ampliaría la base del impuesto de renta, reduciría tratamientos preferenciales de IVA y recortaría una quinta parte de la nómina estatal. A la vez, bajaría la tarifa corporativa del 35 % al 31 % y ofrecería a grandes nuevos inversionistas una del 20 % durante 16 años. La revista recoge una reacción favorable del exministro Mauricio Cárdenas: «No es lo que esperas de un populista».
El Congreso, una prueba distinta de las redes
Ese reconocimiento no equivale a dar por asegurada la reforma. The Economist describe una bancada presidencial pequeña y apoyos parlamentarios frágiles. Rafael Nieto, senador del Centro Democrático citado por el medio, sostiene que el Gobierno busca imponer los proyectos en vez de debatirlos. Según la misma publicación, el vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió del riesgo de suspensión de pagos si la iniciativa no prospera.
El contraste que construye el semanario es político: promover un ajuste y lograr que el Congreso lo apruebe son tareas diferentes. Cárdenas sitúa allí la prueba de la capacidad presidencial, más allá de la puesta en escena. La advertencia de Restrepo y los reparos de Nieto aparecen como posiciones de los interlocutores del artículo, no como un desenlace inevitable.
La confrontación cultural y la respuesta en las calles
The Economist vincula el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior y el retiro de obras del Museo Nacional con una estrategia de movilización conservadora. Luis Ernesto Gómez, exviceministro del Interior citado por la revista, interpreta esa confrontación como una forma de crear «soldados para la causa». El semanario compara ese estilo con el de Donald Trump y recoge cuestionamientos de Nieto sobre una tendencia autoritaria, junto con su afirmación de que todavía hay margen para corregir.
La protesta será otro escenario de disputa. The Economist menciona una jornada nacional para el 19 de noviembre. La CUT publicó la convocatoria el 4 de noviembre, en rechazo a la Ley de Rescate Económico. El País de Cali informó sobre la participación anunciada de sindicatos y organizaciones sociales, que cuestionan los efectos de los cambios tributarios y los recortes sobre hogares y empleo.
El balance de The Economist no es, por tanto, una descalificación uniforme de cada medida. Su argumento enfrenta el relato presidencial de eficacia con tres exigencias: debilitar el control criminal, financiar el Estado y negociar dentro de las instituciones. En su lectura, los primeros cien días muestran decisiones y confrontaciones; la sostenibilidad de sus resultados sigue siendo la pregunta central.
Fuentes y método: síntesis periodística original del artículo de The Economist, «Colombia’s Trumpian president is taking no prisoners», del 9 de noviembre de 2026. Para cotejar el texto inglés se consultó su reproducción en Hindustan Times. Los breves fragmentos citados se presentan traducidos al español. Las opiniones de los entrevistados se atribuyen a las declaraciones que recoge el semanario; el contexto adicional procede de las fuentes enlazadas.
Portada: diseño de Codiguillos con fotografía de Abelardo de la Espriella, autor acreditado en Wikimedia Commons, bajo CC0 1.0 Universal. Composición editorial; los iconos económicos son conceptuales, no una serie estadística.