El miércoles 6 de noviembre de 1985, poco antes del mediodía, un comando de la guerrilla del M-19 entró a disparos por el sótano del Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y tomó como rehenes a magistrados, empleados y visitantes. La respuesta del Ejército empezó casi de inmediato y se prolongó hasta la tarde del día siguiente. Cuando terminó, el edificio era una ruina calcinada, cerca de un centenar de personas habían muerto, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema, y varias personas que habían salido con vida nunca volvieron a sus casas.
Cuarenta y un años después, la toma y la retoma del Palacio de Justicia siguen siendo una herida abierta en Colombia. Hubo condenas, absoluciones, una sentencia internacional contra el Estado, un perdón presidencial y décadas de búsqueda de restos. Esta es una reconstrucción de lo que se sabe, apoyada en las sentencias judiciales y en los informes de las comisiones que han investigado el caso.
¿Qué pasó en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985?
Según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2015, el 6 de noviembre, «después de las once de la mañana», un comando del M-19 de unos treinta integrantes, al mando de Luis Otero Cifuentes, ingresó por el sótano del edificio en desarrollo de la que la guerrilla llamó operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Otras reconstrucciones elevan el grupo a unos 35 guerrilleros. Su propósito declarado era someter al presidente Belisario Betancur a un «juicio político» por el incumplimiento de los acuerdos de tregua firmados en 1984.
En el edificio había alrededor de 350 personas. Los guerrilleros mataron a los vigilantes de la entrada, ocuparon los pisos superiores y concentraron a los rehenes más importantes, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. La Fuerza Pública reaccionó en minutos. La operación quedó a cargo de la Brigada XIII del Ejército, comandada por el general Jesús Armando Arias Cabrales, con la participación de la Escuela de Caballería del coronel Luis Alfonso Plazas Vega.
En la tarde del 6, vehículos blindados entraron por la puerta principal de la Plaza de Bolívar. Esa noche se declaró un incendio que destruyó buena parte del edificio, incluidos miles de expedientes judiciales. Los combates siguieron durante la madrugada y la mañana del 7. El último reducto guerrillero, en un baño entre el segundo y el tercer piso, cayó en la tarde de ese jueves, unas 27 horas después del inicio de la toma.
¿Por qué el M-19 se tomó el Palacio de Justicia?
El M-19 había firmado con el gobierno de Betancur una tregua en 1984, en el marco de la política de paz de ese gobierno. El acuerdo se fue rompiendo entre acusaciones mutuas, combates y atentados. La guerrilla presentó la toma como una forma de llevar al presidente ante los magistrados para que respondiera por lo que consideraba una traición al proceso de paz.
Hay una segunda hipótesis que nunca se ha cerrado. En esos meses, la Sala Constitucional de la Corte estudiaba demandas contra el tratado de extradición con Estados Unidos, y varios de sus magistrados habían recibido amenazas de Los Extraditables, el grupo de Pablo Escobar. El informe final de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, publicado en 2010, recogió la versión de John Jairo Velásquez, alias Popeye, según la cual Escobar habría aportado dinero a la operación. Antiguos dirigentes del M-19 han negado siempre esa financiación. La relación entre el narcotráfico y la toma sigue en discusión y no ha sido probada en un proceso judicial.
¿Cuántos muertos hubo en la toma del Palacio de Justicia?
No existe una cifra definitiva. Los conteos más citados hablan de cerca de un centenar de muertos, entre magistrados, auxiliares, empleados, visitantes, miembros de la Fuerza Pública y guerrilleros. Parte de esa incertidumbre se explica por el manejo que se dio a los cuerpos después de la retoma.
Los once magistrados de la Corte Suprema que murieron fueron Alfonso Reyes Echandía, presidente de la corporación; Alfonso Patiño Roselli, Carlos Medellín Forero, Manuel Gaona Cruz y Ricardo Medina Moyano, de la Sala Constitucional; Darío Velásquez Gaviria, Fabio Calderón Botero y Pedro Elías Serrano Abadía, de la Sala Penal; Fanny González Franco, primera mujer en llegar a la Corte, y José Eduardo Gnecco Correa, de la Sala Laboral; y Horacio Montoya Gil, de la Sala Civil.
Tras la retoma, los cuerpos fueron levantados por militares sin la participación del Instituto de Medicina Legal, algunos fueron lavados y despojados de sus prendas, y decenas terminaron en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá. Esa cadena de decisiones explica por qué, décadas después, todavía se discutía quién estaba enterrado en cada tumba.
¿Qué pidió Reyes Echandía y qué hizo el Gobierno?
Durante la toma, Alfonso Reyes Echandía logró comunicarse con una emisora y pidió que cesara el fuego para permitir una negociación. La Corte Suprema recordó en su sentencia de 2015 que ese pedido al Gobierno no fue atendido: la recuperación del edificio fue emprendida «de inmediato y sin pausa» por las Fuerzas Armadas.
En la noche del 6, mientras el edificio ardía, la televisión nacional transmitió un partido de fútbol del campeonato colombiano por orden del Ministerio de Comunicaciones, entonces a cargo de Noemí Sanín. La decisión se convirtió en uno de los símbolos del cerco informativo de esas horas.
El 7 de noviembre por la noche, Betancur habló al país y asumió la responsabilidad de lo ocurrido. Dijo que había tomado personalmente las decisiones y que tenía el control de la situación. La Comisión de la Verdad creada en 2005 llegó a una conclusión distinta: sostuvo que el presidente había sido, en la práctica, un espectador de una operación conducida por los militares, y calificó la reacción del Ejército como desproporcionada frente a la vida de los rehenes.
¿Quiénes son los desaparecidos del Palacio de Justicia?
Es la parte más grave del caso. Varias personas salieron vivas del edificio, fueron llevadas por militares a la Casa del Florero, al otro lado de la plaza, donde funcionó un centro de identificación de los liberados, y después no se supo más de ellas. Entre ellas había empleados de la cafetería, visitantes y una guerrillera.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 14 de noviembre de 2014 en el caso Rodríguez Vera y otros contra Colombia, declaró al Estado responsable de la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería; de la guerrillera Irma Franco Pineda; y de Cristina del Pilar Guarín, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao. También lo halló responsable de la desaparición y ejecución del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, y de torturas y malos tratos contra otros sobrevivientes detenidos.
La búsqueda de restos ha dado resultados parciales. En octubre de 2015, la Fiscalía y Medicina Legal confirmaron mediante pruebas de ADN la identificación de Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo, tres de las personas dadas por desaparecidas durante treinta años. Otros restos se han identificado después, en algunos casos en tumbas donde estaban enterradas personas distintas.
¿Quién fue condenado por la retoma del Palacio de Justicia?
Los procesos penales se han concentrado en las desapariciones, no en la operación militar en sí. El caso más conocido fue el del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, condenado en 2010 a 30 años de prisión por la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco. El 16 de diciembre de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema lo absolvió por mayoría, al considerar que las pruebas no ofrecían «el grado de certeza suficiente» sobre su responsabilidad. La Corte aclaró que esa decisión no impedía seguir otros procesos contra militares.
El general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII, corrió otra suerte. En septiembre de 2019, la Corte Suprema dejó en firme su condena a 35 años de prisión por desaparición forzada agravada, al concluir que respondía por el destino de personas que salieron vivas del Palacio y fueron llevadas a la Casa del Florero.
Del lado de la guerrilla, la mayoría de los miembros del comando murió durante la retoma, incluidos Luis Otero y Andrés Almarales. El M-19 firmó la paz en 1990 y sus integrantes se acogieron a una amnistía, lo que dejó por fuera de los tribunales su responsabilidad penal por la toma.
¿Qué dijo la Corte Interamericana y por qué Santos pidió perdón?
La sentencia de 2014 obligó al Estado colombiano a buscar a los desaparecidos, investigar los hechos, reparar a las familias y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Ese acto se cumplió el 6 de noviembre de 2015, cuando el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas en la Plaza de Bolívar y reconoció la responsabilidad del Estado en las desapariciones, las torturas y las fallas en la investigación.
La Corte Interamericana también recordó que su función no es determinar responsabilidades penales individuales, sino la responsabilidad internacional del Estado. Por eso su fallo convive con decisiones penales internas que a veces van en sentido contrario, como la absolución de Plazas Vega.
¿Qué conclusiones dejaron las comisiones de la verdad?
Ha habido dos esfuerzos distintos. El primero fue la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, creada en 2005 por iniciativa de la propia Corte Suprema e integrada por los exmagistrados Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera y Nilson Pinilla. Su informe final responsabilizó al M-19 por la toma, consideró desproporcionada la reacción militar, cuestionó el papel del Gobierno y confirmó que hubo personas que salieron con vida y desaparecieron.
El segundo vino de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad surgida del acuerdo de paz de 2016. Un estudio elaborado en 2022 para esa comisión por el periodista Jorge Cardona Alzate, «Las responsabilidades del holocausto», resume así el balance: «Todos fueron responsables». Señala al M-19, «que convirtió a civiles en rehenes»; a las Fuerzas Armadas, «cuyo exceso de fuerza sigue causando estupor»; al Gobierno de Betancur, al Congreso, a la justicia que no impuso sanciones suficientes y a la prensa, que «en el momento crucial de la batalla optó por callar». El mismo texto recuerda que los planes de la toma se conocían dieciocho días antes y que, aun así, el día del asalto no había militares protegiendo el edificio.
La Jurisdicción Especial para la Paz, por su parte, ordenó al Gobierno solicitar a Estados Unidos la desclasificación de documentos de la época, con la esperanza de aclarar puntos que los archivos colombianos no resolvieron.
¿Por qué el Palacio de Justicia sigue importando hoy?
Porque fue un ataque frontal contra la justicia. En dos días desapareció buena parte de la Corte Suprema de la época, y con ella una generación de juristas. El incendio destruyó expedientes y dejó a la rama judicial bajo la sombra del miedo en los años más duros de la guerra contra el narcotráfico.
Y porque el caso resume problemas que Colombia ha arrastrado durante décadas: la violencia guerrillera contra civiles, la respuesta militar sin control civil efectivo, la desaparición forzada y la lentitud de la justicia. Para entender cómo se llegó hasta ahí sirve mirar atrás, a la exclusión política del Frente Nacional, que el M-19 invocó como una de sus razones de ser, y a episodios como la masacre de las bananeras de 1928, otro capítulo en el que la verdad oficial y la de las víctimas tardaron décadas en encontrarse.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo fue la toma del Palacio de Justicia?
Comenzó hacia las 11:30 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985 y terminó en la tarde del jueves 7 de noviembre, tras más de 27 horas.
¿Qué grupo se tomó el Palacio de Justicia?
La guerrilla del M-19, con un comando de entre 30 y 35 integrantes dirigido por Luis Otero Cifuentes.
¿Cuántos magistrados murieron?
Once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido su presidente, Alfonso Reyes Echandía. También murieron magistrados auxiliares y empleados del Consejo de Estado.
¿Cuántas personas desaparecieron?
La Corte Interamericana declaró al Estado responsable de la desaparición forzada de diez personas y de la desaparición y ejecución de una más, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Algunas han sido identificadas después.
¿Quién era el presidente de Colombia en 1985?
Belisario Betancur, del Partido Conservador, que gobernó entre 1982 y 1986.
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Fuentes: Corte Suprema de Justicia, sentencia SP17466-2015; Corte Suprema, caso Arias Cabrales (2019); Corte IDH, caso Rodríguez Vera y otros vs. Colombia; Informe final de la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia; Jorge Cardona Alzate para la Comisión de la Verdad (2022); BBC Mundo (20/10/2015); CNN en Español (16/12/2015).