Cada septiembre, millones de niños entran a las escuelas públicas de Estados Unidos sin que nadie les pregunte por su estatus migratorio. No es una cortesía de las autoridades educativas: es la consecuencia de una sentencia de la Corte Suprema de 1982, Plyler v. Doe, que declaró inconstitucional cobrar o negar la educación primaria y secundaria a los hijos de inmigrantes indocumentados. Esta es la historia del caso, lo que dice exactamente y por qué vuelve una y otra vez al debate político.
Contexto: la ley de Texas de 1975
En 1975 el Legislativo de Texas reformó su código de educación (sección 21.031) para retirar los fondos estatales destinados a educar a niños que no hubieran sido «admitidos legalmente» en el país, y autorizó a los distritos escolares a negarles la matrícula. En 1977 el distrito escolar independiente de Tyler, en el este de Texas, aplicó la norma a su manera: los alumnos nacidos en el extranjero que no pudieran demostrar su estancia legal tendrían que pagar una matrícula de 1.000 dólares al año.
Para muchas familias de trabajadores mexicanos, esa cifra equivalía a sacar a los hijos del colegio. Ese mismo año se presentó una demanda colectiva en nombre de un grupo de niños identificados con seudónimos, «John Doe» y otros, para protegerlos de una posible deportación. El demandado principal era James Plyler, superintendente del distrito de Tyler. El caso se litigó junto con otro procedente de varios distritos texanos, Texas v. Certain Named and Unnamed Alien Children.
El camino judicial
El juez federal del distrito este de Texas falló a favor de los niños en 1978, y el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó la decisión en 1980. Texas recurrió a la Corte Suprema, que escuchó los argumentos el 1 de diciembre de 1981 y dictó sentencia el 15 de junio de 1982. La votación fue de cinco contra cuatro.
La opinión mayoritaria la redactó el juez William Brennan, con el apoyo de Thurgood Marshall, Harry Blackmun, Lewis Powell y John Paul Stevens. En contra votaron el presidente del tribunal, Warren Burger, y los jueces Byron White, William Rehnquist y Sandra Day O’Connor.
Qué dijo exactamente la Corte Suprema
El argumento central de Texas era que los inmigrantes sin estatus legal no estaban «dentro de la jurisdicción» del estado y, por tanto, no podían invocar la cláusula de igual protección de la Decimocuarta Enmienda, que prohíbe a los estados negar «a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección igual de las leyes». La mayoría rechazó ese razonamiento: los inmigrantes indocumentados son personas «en cualquier sentido ordinario del término» y, si están físicamente en el territorio, están sujetos a sus leyes y protegidos por ellas.
La Corte no declaró que la educación sea un derecho fundamental en la Constitución, algo que ya había rechazado en 1973. Lo que hizo fue aplicar un escrutinio intermedio: la ley castigaba a niños por una condición, la entrada irregular, sobre la que no tenían ningún control, y Texas no demostró que negarles la escuela sirviera a un interés estatal sustancial. Brennan advirtió además que excluirlos crearía «una subclase de analfabetos» dentro de las fronteras del país, con costes futuros en desempleo, asistencia social y delincuencia.
El disenso de Burger no defendió la ignorancia: reconoció que era poco sensato crear un segmento de población analfabeta, pero sostuvo que la decisión correspondía al Congreso y no a los tribunales, y que Texas tenía razones legítimas para distinguir entre residentes legales e ilegales.
Qué cubre y qué no cubre el fallo
Plyler v. Doe protege el acceso a la educación pública desde preescolar obligatorio hasta el último año de secundaria (lo que en Estados Unidos se conoce como K-12). En la práctica, eso significa que una escuela pública no puede negar la matrícula por estatus migratorio, ni exigir documentos cuyo efecto sea disuadir a familias indocumentadas. En 2014 los departamentos de Educación y de Justicia recordaron por escrito a los distritos que pueden pedir prueba de residencia en la zona escolar o de edad, pero no usar esos requisitos para excluir a niños por su situación migratoria.
El fallo no se extiende a la universidad. Ni la matrícula en universidades públicas ni las tarifas reducidas para residentes del estado están protegidas por Plyler, y los estados han adoptado políticas muy distintas: algunos permiten a estudiantes indocumentados pagar la tarifa local y otros lo prohíben. Esa frontera entre la escuela y la universidad es la que más tarde intentaron resolver el proyecto de ley DREAM y, por vía ejecutiva, el programa DACA, anunciado precisamente el 15 de junio de 2012, en el 30.º aniversario de la sentencia.
El antecedente olvidado: Mendez v. Westminster
Treinta y cinco años antes de Plyler, otro litigio de familias de origen mexicano había llegado a los tribunales federales. En 1945, cinco padres, entre ellos Gonzalo Mendez, demandaron a cuatro distritos escolares del condado de Orange, en California, que enviaban a sus hijos a «escuelas para mexicanos» separadas. El juez Paul McCormick les dio la razón en 1946 y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la decisión el 14 de abril de 1947.
El caso se cita a menudo como precursor de Brown v. Board of Education (1954), pero conviene matizar: el Noveno Circuito no declaró ilegal la segregación en sí, sino que la consideró improcedente porque ninguna ley de California la autorizaba para alumnos de origen mexicano. Abogados de la NAACP como Robert L. Carter, que participó con un escrito de amicus, consideraron después ese razonamiento una oportunidad perdida. Aun así, Mendez sentó un precedente y en 2007 el Servicio Postal de Estados Unidos le dedicó un sello conmemorativo.
Los intentos de revisar el fallo
Plyler nunca ha sido revocado, pero ha sido puesto a prueba varias veces:
- California, 1994. La Proposición 187, aprobada en referendo, pretendía excluir a niños indocumentados de las escuelas públicas. Un tribunal federal bloqueó esa parte y la norma nunca llegó a aplicarse.
- Alabama, 2011. La ley HB 56 obligaba a las escuelas a verificar el estatus migratorio de los alumnos nuevos. En 2012 el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito bloqueó esa sección.
- Texas, 2022. Tras la filtración del borrador de la sentencia Dobbs sobre el aborto, el gobernador Greg Abbott dijo que le interesaba replantear el caso ante la Corte Suprema.
- Tennessee, 2025. Legisladores presentaron un proyecto para permitir a las escuelas exigir pruebas de estatus o cobrar matrícula a alumnos sin papeles, con el objetivo declarado de provocar un litigio que llegue a la Corte Suprema.
Cualquier intento de anular Plyler tendría que pasar por la Corte Suprema, y el resultado no es previsible. Lo que sí es verificable es que, más de cuatro décadas después, sigue siendo la norma que rige en todo el país.
Mito y realidad
Mito: «La Constitución garantiza el derecho a la educación en Estados Unidos». Realidad: la Constitución federal no menciona la educación. Plyler se basa en la igual protección: si un estado ofrece educación gratuita, no puede excluir a un grupo de niños por su estatus migratorio sin una justificación sustancial.
Mito: «Las escuelas deben informar a inmigración sobre alumnos sin papeles». Realidad: no existe tal obligación general, y la ley federal de privacidad educativa (FERPA) limita la divulgación de los expedientes escolares. Las políticas de control migratorio cerca de escuelas han cambiado con distintos gobiernos, por lo que conviene consultar la normativa vigente.
Mito: «Plyler también obliga a dar matrícula universitaria a residentes». Realidad: el fallo se limita a la educación primaria y secundaria. Las reglas universitarias dependen de cada estado.
Nota de actualización (octubre de 2026): este artículo explica una sentencia vigente, pero las políticas educativas y migratorias cambian. Para información oficial sobre matrícula escolar, consulte el Departamento de Educación de EE. UU. y el distrito escolar de su zona.
Fuentes
- Corte Suprema de EE. UU. Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982), Biblioteca del Congreso.
- Texto de la sentencia y los votos particulares, Legal Information Institute (Universidad de Cornell).
- Plyler v. Doe: resumen y audio de los argumentos orales, Oyez.
- Westminster School Dist. of Orange County v. Mendez, 161 F.2d 774 (9th Cir. 1947), Justia.
- Wikipedia en inglés: Plyler v. Doe y Mendez v. Westminster.
Preguntas frecuentes
¿Pueden los niños indocumentados ir a la escuela pública en Estados Unidos?
Sí. Desde la sentencia Plyler v. Doe de 1982, las escuelas públicas de primaria y secundaria no pueden negarles la matrícula ni cobrarles por su estatus migratorio.
¿Qué votación tuvo Plyler v. Doe?
Cinco votos contra cuatro. Redactó la mayoría el juez William Brennan; disintieron Warren Burger, Byron White, William Rehnquist y Sandra Day O’Connor.
¿Plyler v. Doe se aplica a la universidad?
No. El fallo cubre la educación desde preescolar hasta el final de la secundaria. El acceso y las tarifas universitarias dependen de cada estado.
¿Puede la escuela pedir el número de Seguro Social o papeles migratorios?
Puede pedir pruebas de edad y de residencia en el distrito, pero no puede usar esos requisitos para excluir a un niño por su estatus migratorio, según la guía federal de 2014.