Acuerdo petrolero de Trump con Venezuela: lo que esconde el contrato secreto firmado con Betancourt

Cuando Donald Trump anunció a finales de agosto «el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial», no publicó el contrato. Casi dos meses después, ProPublica obtuvo las 18 páginas que lo componen. El documento, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth, convierte al Gobierno de Estados Unidos en socio del 35 % de North American Blue Energy Partners (NABEP), la petrolera del empresario venezolano Alejandro Betancourt, a través de una sociedad matriz registrada en Barbados. Según el análisis de ProPublica, firmado por Cate Brown, Aaron C. Davis y Sebastian Rotella, los términos favorecen a Washington «en casi todos los aspectos» y dejan en un segundo plano al Estado venezolano.

Un diseño pensado para durar

La pieza central del acuerdo es su estructura de gobierno. La junta directiva tendrá siete miembros, la mayoría de ellos ciudadanos estadounidenses «en todo momento», y Washington podrá nombrar un observador sin voto. Betancourt es el único integrante que el texto menciona por su nombre. La junta inicial tendrá un mandato de 15 años y fijará cómo se eligen sus sucesores. Para destituir a Betancourt como consejero delegado, cambiar la composición de la junta o aprobar ciertas transacciones con accionistas hará falta una supermayoría de cinco votos. El acuerdo no exige que el Gobierno venezolano tenga representación en ese órgano.

Personas que conocen la negociación dijeron a ProPublica que ese esquema buscaba impedir que futuros dirigentes de Estados Unidos o de Venezuela desmontaran la empresa. Según el medio, David Lorch, que dirige la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, intervino en cómo se sentaría la junta durante esos 15 años. El documento está clasificado como «sensible» e incluye una cláusula que prohíbe a la empresa revelar «la existencia y los términos» del pacto.

Los firmantes y sus antecedentes

Betancourt, de 46 años, ha enfrentado investigaciones por lavado de dinero en tres países. Según ProPublica, estuvo bajo arresto domiciliario en su finca de Oxfordshire, en Inglaterra, mientras combatía una solicitud de extradición de Suiza. Fue sospechoso en la investigación estadounidense conocida como Operación Money Flight y sigue investigado en España. No ha sido acusado en ningún país. Rubio, por su parte, aseguró en una entrevista con el periodista Sergio Novelli, recogida por EFE, que Betancourt no tenía investigaciones abiertas en Estados Unidos.

ProPublica no menciona a Derwick Associates, pero otros medios sí la vinculan con Betancourt. La Nación recoge, con información de AFP y Transparencia Venezuela, que esa empresa firmó desde 2009 contratos por unos 5.000 millones de dólares para plantas eléctricas durante la crisis energética venezolana. The Guardian recuerda que una demanda civil contra Derwick fue desestimada y que el abogado de Betancourt niega cualquier soborno.

La otra firma que la Casa Blanca no había divulgado es la de Orlando Alvarado, que firmó en nombre de la sociedad matriz. Según ProPublica, Alvarado ocupó cargos directivos en varias empresas de Betancourt, entre ellos el de director financiero de una compañía energética envuelta en escándalos hace una década. El Miami Herald publicó en 2019 que fiscales federales lo identificaron como coconspirador no acusado en un esquema de desfalco a Petróleos de Venezuela (PDVSA).

NABEP rechaza esos señalamientos. Su portavoz, Terry Wade, dijo a ProPublica que «ni el señor Betancourt ni el señor Alvarado han sido acusados de ningún delito en ningún país, y cualquier acusación contra ellos carece de fundamento» (traducción de este medio).

Lo que dijo Trump vs. lo que dice el texto

El choque con la ley venezolana

ProPublica sostiene que lo que entra en conflicto con la legislación venezolana son los derechos de operación sobre los campos, no los derechos de compra de Washington. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en la Gaceta Oficial n.º 6.978 extraordinaria del 29 de enero de 2026, fija para las empresas mixtas una «duración máxima de veinticinco (25) años, prorrogable por un lapso a ser acordado por las partes, no mayor de quince (15) años». Incluso con la prórroga, el tope legal es de 40 años, muy lejos del siglo anunciado.

The Guardian ya había advertido de esa contradicción en septiembre. El abogado venezolano José Ignacio Hernández dijo al diario británico que todo era «pura propaganda», y el periódico señaló que el propio Gobierno venezolano había hablado de 25 años.

La primera pregunta de un nuevo Congreso de Estados Unidos será: ¿por qué Betancourt?

James Story, embajador de EE. UU. ante Venezuela entre 2018 y 2023, a ProPublica (traducción de este medio)

Qué significa para Venezuela

Para Venezuela, que tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo, el texto deja vacíos concretos. El Estado no tiene asiento en la junta, no puede impugnar el acuerdo en sus tribunales y depende de una cifra de ingresos que el texto no garantiza. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, calificó el pacto de «histórico» y sostuvo que el país conservará la soberanía sobre sus recursos, según ProPublica y La Nación. Rubio defendió que la empresa podrá hacer pagos a un futuro gobierno electo y que la consultora KPMG supervisa los ingresos del petróleo, según EFE. La fecha de ese gobierno sigue abierta, como explicamos en el análisis del cronograma electoral de Jorge Rodríguez.

El beneficio inmediato para Estados Unidos también es limitado. NABEP produce unos 200.000 barriles diarios: en un año entero, más o menos lo que Estados Unidos consume en tres días, y aspira a llegar a 500.000 a finales de 2028. Gran parte del crudo venezolano es tan pesado que necesita mezclarse con un 20 % o más de productos ligeros para circular por oleoductos, y ese costo no está incluido en el precio de 30 dólares. Wade respondió que buena parte del petróleo de NABEP requiere poca o ninguna mezcla.

No es realmente un petrolero. Su talento es el de quien llega a una larga lista de empresarios venezolanos que trafican con influencias. Su gran palanca son los contactos y la influencia. Es saber a quién, no saber cómo.

Brian Naranjo, exdiplomático estadounidense en Venezuela, a ProPublica (traducción de este medio)

El acuerdo llega tras meses de presión estadounidense sobre Venezuela, desde los bombardeos a lanchas en el Caribe hasta la captura de Nicolás Maduro en enero. Durante años, la palanca de Washington fueron las sanciones económicas. Ahora es una participación accionarial.

Las preguntas que deja abiertas

Cronología

Fuentes